Monroy insiste en que el ciudadano que quería grabar los plenos alteró el orden público

La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy (PSOE), considera que José Manuel Pérez Trujillo, el ciudadano que con su protesta consiguió que el Consistorio permitiera la grabación de los plenos municipales, sigue siendo culpable de un «incidente de desorden público», y ha asegurado que Pérez mantiene «una gran animadversión personal» hacia ella, «hasta el punto de que llega a traspasar el límite del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen».

Santos G. Monroy.- Jacinta Monroy ha justificado su prohibición de grabación de plenos refiriéndose al hecho de que en 2009 Pérez Trujillo realizara una serie de videojuegos, colgados en internet, en los que se usaron fotografías de miembros de la corporación municipal, presidida entonces por Fernando Calso (PSOE).

En el caso del videojuego protagonizado por Monroy, el jugador debía apuntar con una mirilla a la imagen de la entonces primera teniente de alcalde. La imagen surgía de unos agujeros, en unas ocasiones adornada con un rabo de diablesa (y no con cuernos, como ha asegurado la primer edil); en otras con alas de ángel y corona de santo. Sólo puntuaban los disparos acertados en la imagen «diabólica» de Monroy. Otros miembros de la corporación municipal cuyas imágenes fueron utilizadas en la serie de videojuegos fueron concejales del PP y del PSOE, incluido el ex alcalde Fernando Calso, ataviado como Superman.

Según manifestaciones de la alcaldesa durante el último pleno municipal, el videojuego superaba ciertos «límites» que «quizá no tenga que aguantar un cargo público», ya que su imagen fue «torticeramente utilizada», lo que afectó psicológicamente a algún miembro de su familia. Por otra parte, Monroy considera que en  torno a la grabación de los plenos hay un «vacío legal» que tendrá que cubrir la nueva Ley de Gobiernos locales.

Censura previa

No lo ve igual Pérez Trujillo, conocido por su activismo en favor de la transparencia municipal. Para Pérez Trujillo, la prohibición de la grabación de plenos es una «censura previa» injustificada en prevención de delitos aún inexistentes, «que vulnera tanto la Constitución Española como como la numerosa jurisprudencia generada».

Sostiene, además, que sentencias del Tribunal Supremo avalan que el derecho sobre la crítica prevalece sobre el del honor de un cargo público, si bien considera que «en ningún momento he atentado contra el honor y la intimidad de la alcaldesa rabanera, que sí que ha usado su enormes recursos e influencia para dañar mi imagen pública». «De todos modos -según Pérez Trujillo- la utilización de la imagen de cargos públicos como objeto humorístico y fines irónicos no constituye ningún delito y forma parte del contenido habitual de numerosos medios de comunicación».

Respecto a las acusaciones de alteración del orden público, subraya que sólo ejerció su «derecho a informar», y que su actitud «fue en todo momento respetuosa ante la autoridad municipal y el resto de la Corporación».

La semana pasada, Monroy se vio obligada a ceder a la presión popular y aceptó que los plenos municipales puedan ser grabados en vídeo. El Ayuntamiento tomaba esta decisión merced a la aprobación de una moción de urgencia motivada por el revuelo causado después de que la alcaldesa, tras casi tres horas de espera, suspendiera el último pleno ante la negativa de Pérez Trujillo a apagar la cámara con la que pretendía registrarlo. Posteriormente, la alcaldesa denunció a Pérez Trujillo ante la Guardia Civil por alteración del orden público.

«Acoso del PP»

Por otra parte, Monroy se ha defendido hoy de las «acusaciones y del acoso» al que considera que está siendo sometida en los últimos días por los dirigentes del Partido Popular tras «decidir priorizar» los pagos a los que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de la localidad.

Monroy asegura que cumplirá «el cometido que le encomendaron sus vecinos y vecinas, que no es otro que gobernar». En este sentido, ha manifestado que sus prioridades «son mis vecinos, mis prioridades son los trabajadores de mi ayuntamiento, mis prioridades y las del equipo de Gobierno son que la gente de los centros de día, del servicio de ayuda a domicilio, del centro de la mujer y la gente de todos los servicios que hay en el Ayuntamiento pueda cobrar sus nóminas”.

De este modo, Monroy ha salido al paso de las críticas que los ‘populares’ le han lanzado por haber decidido aplazar el pago de las retribuciones que le corresponden a todos los concejales por asistencia a los plenos municipales así como las asignaciones a los grupos políticos.

En este sentido, la alcaldesa rabanera ha subrayado que “en cuanto nos pague la Junta de Comunidades, es mi obligación y les voy a pagar, como no puede ser de otra manera, ya que la grave situación de liquidez y tesorería del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al igual que la inmensa mayoría de la región, viene provocada por los ocho meses de impagos en los que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha abonado prácticamente ni un euro».

Según la alcaldesa, «si el Gobierno regional del Partido Popular pagara toda la deuda al Consistorio, que supera ya el millón de euros, las cuentas de Argamasilla de calatrava registrarían un superávit de medio millón de euros. O lo que es lo mismo, quedaría resuelto de manera inmediata el pago a todos los proveedores así como las remuneraciones a los concejales».

Jacinta Monroy ha hecho un llamamiento a la «cordura y al sentido común» para que la oposición del PP «no se distraiga con asuntos de esta irrelevancia y se centren en los problemas que afectan e importan a los ciudadanos».

Por su parte, la secretaria de Organización, Blanca Fernández, ha mostrado el “total apoyo” de la Ejecutiva Provincial ante las decisiones que la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava «tiene que estar tomando día a día» y ante los «ataques beligerantes” de los dirigentes del PP hacia Jacinta Monroy.

Fernández ha señalado que “parece que les molesta que una alcaldesa joven dirija la compleja situación con firmeza, al mismo tiempo que va dando solución a los problemas derivados de la deuda de más de un millón de euros que tiene el Gobierno de Cospedal con Argamasilla de Calatrava».

Esta estrategia “premeditada” de Cospedal «está provocando que sean los alcaldes y las alcaldesas los que no puedan pagar las nóminas, los recibos de la luz, la calefacción de los colegios, o los que tengan que despedir a los trabajadores y dejar de prestar servicios para que así no le pase ninguna factura electoral a la presidenta de Castilla-La Mancha», dice Fernández.

En este contexto, la responsable socialista ha denunciado una «doble intención» del Partido Popular, «que consiste en no pagar desde la Junta de Comunidades al tiempo que por abajo los mismos dirigentes del PP critiquen que el ayuntamiento no paga».

«El PSOE no denunciará casos idénticos»

Blanca Fernández ha destacado que “han errado el tiro porque los ayuntamientos del PP tampoco pueden pagar la asistencia a los plenos de los concejales». “Almodóvar, Almadén, Almagro y Corral de Calatrava son cinco ejemplos con la misma situación que Argamasilla de Calatrava, con dos únicas diferencias. Primera, que estos ayuntamientos los gobierna el PP, y, segunda, que quien está en la oposición es el Partido Socialista”.  Fernández ha señalado que “el PSOE no ha salido a denunciar ni vamos a salir a denunciar este hecho como algo denunciable ni reprobable, no, porque entendemos que los primeros son los trabajadores y las empresas ante la asfixia económica que sufren por los impagos de la Junta”.