Aeropuerto de Ciudad Real: León Triviño y José Cano ingresaron cada uno más de 2,2 millones de euros de CR Aeropuertos

Santos G. Monroy.- Juan Antonio León Triviño y José Pedro Cano Martínez, quienes fueran respectivamente presidente y secretario de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, cobraron, cada uno, más de 2,2 millones de euros de la sociedad CR Aeropuertos para que presumiblemente fueran reinvertidos a su vez con el objeto de mantener un determinado «status quo» de poderes en la sociedad. Así consta en el informe concursal elaborado por los actuales administradores del Aeropuerto de Ciudad Real que estiman, además, que muchos de los socios-promotores (incluido el propio León Triviño y el empresario Domingo Díaz de Mera, entre otros) hicieron negocio de forma inmediata con la construcción del Aeropuerto. MICIUDADREAL.ES te ofrece en exclusiva los detalles en este artículo que desvela aspectos inéditos del informe concursal.

El informe, firmado por los administradores Francisco Pérez Pérez, José Joaquín Navarro Rubio y Agustín Flores Vadillo, asegura que Juan Antonio León Triviño y José Pedro Cano Martínez recibieron cada uno 2.267.489 euros en el contexto de la quinta ampliación de capital efectuada por la sociedad aeroportuaria.

Tal y como señalan los administradores en el documento que presentaron al Juzgado Número 4 de Ciudad Real, «esta ampliación de capital tiene su origen en un acuerdo privado o pacto parasocial de los socios de fecha 19 de junio de 2003 mediante el que calificaron a Juan Antonio León Triviño y a José Pedro Cano Martínez como promotores del proyecto del aeropuerto y, sin que tuvieran ninguna obligación legal de hacerlo, acordaron irrevocablemente retribuir a cada uno de ellos con la cantidad de 2.267.489 euros».

Según detallan los administradores concursales, los socios de CR Aeropuertos y sus representantes en el Consejo de Administración se obligaron a acordar y suscribir el pago con León Triviño y Cano «en un plazo no superior a cuatro meses desde la fecha de este contrato y de forma tal que el tratamiento fiscal de las mencionadas cantidades sea lo más eficiente posible para los señores León Triviño y Cano Martínez; y que tales sumas, o bien sean abonadas lo antes posible a dichos señores, o bien se les paguen en un período más prolongado, siempre a elección de los señores León Triviño y Cano Martínez».

El informe concursal relata que dichas cantidades se pagaron a León Triviño y a Cano Martínez, quien también fuera consejero delegado del Aeropuerto, «con  tratamiento tributario de renta irregular» y en virtud de acuerdo de la Junta General de 28 de octubre de 2003. En ese encuentro también se acordó una quinta ampliación de capital (la sociedad llegó a registrar once ampliaciones) que precisamente fue desembolsada únicamente por León Triviño y Cano, «presumiblemente con el efectivo metálico que habían recibido de la sociedad».

A juicio de los firmantes del documento, este acuerdo se inscribe en el contexto de dos pactos privados «parasociales» suscritos entre los socios del aeropuerto para  configurar una sociedad «cerrada» que garantizara para cada uno de ellos una determinada participación.

Los «pagos indebidos» de José Cano

Pero no acaban ahí las llamativas valoraciones de los administradores concursales del Aeropuerto. En el mismo informe hacen constar que formularon una demanda incidental contra José Pedro Cano Martínez exigiendo  la devolución del importe de unas «retribuciones que no le correspondían».

Según los administradores, José Cano únicamente tenía derecho a percibir las retribuciones que, según los estatutos sociales, le correspondían como consejero y consejero delegado de CR Aeropuertos, pero «su contrato de trabajo suscrito con la concursada fue en todo momento nulo de pleno derecho, por lo que no tuvo derecho a percibir retribuciones salariales y debe reintegrar la diferencia entre las retribuciones que percibió y las que legalmente le correspondían».

El informe detalla que Cano dimitió de su cargo de consejero delegado el 3 de julio de 2009, momento en el que cesó de prestar servicios para la sociedad. «Sin embargo, continuó percibiendo el salario que anteriormente tenía atribuido, pese a no trabajar en la compañía, hasta que la administración concursal dio órdenes de dejar de abonárselo. Por lo tanto, debe reintegrar todos los salarios percibidos desde el 4 de julio de 2009».

Por todo ello, los administradores solicitaron al Juzgado que «declare la nulidad de cualquier pago efectuado por la concursada a José Pedro Cano Muñoz en los dos años anteriores a la declaración de concurso que supere la retribución que los estatutos sociales fijaban para los vocales del Consejo de Administración y los consejeros delegados y, en consecuencia, condene a dicho señor a reintegrar a la sociedad la cantidad de 200.918 euros, incrementada con los intereses legales devengados». Asimismo, los nuevos gestores del Aeropuerto solicitaron la declaración de nulidad de cualquier pago efectuado a José Cano desde la fecha de constitución de CR Aeropuertos hasta el 31 de mayo de 2008 «que supere la retribución que los estatutos sociales fijaban para los vocales del Consejo de Administración y los consejeros delegados». Consecuentemente, se pidió a Cano el reintegro de otros 114.892 euros, más intereses devengados.

La construcción como negocio inmediato

Otro de los aspectos en los que incide el informe concursal es la valoración de la propia fase de construcción del Aeropuerto como negocio «en sí mismo» para algunos de los propietarios. De hecho, los acuerdos «parasociales» a los que se hacía referencia anteriormente tenían como objeto «fomentar» las relaciones comerciales entre los socios y la sociedad «siempre en condiciones de mercado».

Según los administradores concursales, «la subcontratación, el suministro de materiales y bienes de equipo, la consultoría y asesoramiento, suponen los primeros ingresos para parte de los socios propietarios». «Se firman -prosiguen- contratos de empresas de socios con la sociedad aeroportuaria constituida, se forman alianzas con otras empresas. En definitiva la fase de construcción supone los primeros beneficios para los inversores, obtenidos indirectamente con cargo a la sociedad aeroportuaria a través de terceras empresas propiedad de ellos mismos».

En este sentido, el informe concursal relata operaciones entre la sociedad aeroportuaria y sus socios, así como «actos o negocios realizados con personas físicas o jurídicas que presenten una intensa vinculación con socios de la concursada sin ostentar jurídicamente dicha cualidad».

Este es el extracto del informe en el que se desgranan las principales operaciones:

1) La construcción de gran parte del aeropuerto fue llevada a cabo por una Unión Temporal de Empresas denominada «UTE Aeropuerto de Ciudad Real», integrada por Sacyr y Grupo Isolux Corsán S.A. Esta última es propietaria del 3,64 % del capital de la concursada (a su vez, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha también mantiene una participación relevante en Grupo Isolux Corsán S.A.).

2) La construcción de otra parte importante del aeropuerto y su zona de uso industrial-aeroportuario (pavimentación, viales, etc.) fue realizada por la empresa León Triviño Construcciones y Obras Públicas S.A., que es una empresa familiar del socio Juan Antonio León Triviño, presidente del Consejo de Administración de la concursada.

3) A su vez, empresas del socio Juan Antonio León Triviño fueron subcontratistas de la «UTE Aeropuerto de Ciudad Real» para el movimiento de tierras y proveedoras de áridos y asfalto.

4) Tanto el acreedor Preturbi S.L (en su caso para el Centro de Visitantes) como el socio Construcciones León Triviño S.A. (en este caso para los accesos al aeropuerto) contrataron como director de proyecto y director técnico a Tomás Herrera Mazón, persona que era director general de la concursada.

5) Montreal Montajes y Realizaciones S.A., que se encargó de actuaciones de urbanización de la segunda fase de la zona industrial e intervino en el inicio de la construcción del puerto seco (a través de la UTE Montreal Montajes y Realizaciones S.A.-Constructora Hispánica S.A.), es una empresa participada en un 51% por sociedad Ruteso Aplicaciones S.A., la cual, a su vez, está controlada por Domingo Díaz de Mera Lozano e Ignacio Barco (familia Barco).

Es posible también identificar otras vinculaciones en torno a esta contratista: Ruteso Aplicaciones S.A., accionista mayoritaria de Montreal Montajes y Realizaciones S.A. (es titular del 51% de su capital), está representada en el Consejo de Administración de Montreal por Marcelino Francisco Larrañaga Arruti, el cual, a su vez, es también consejero y apoderado general mancomunado de CR Aeropuertos SL.

Pese a todas esas vinculaciones, Montreal Montajes y Realizaciones S.A., fue la primera entidad en instar el presente concurso de CR Aeropuertos SL. Montreal Montajes y Realizaciones S.A. se encuentra también en situación de concurso necesario desde el 7 de mayo de 2.010, procedimiento que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 10 de Madrid.

6) La financiación bancaria de la sociedad se concertó, en su inmensa mayoría, con Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. A su vez, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha ha financiado a varios socios para que suscribieran o compraran participaciones de la concursada.

Como ejemplo paradigmático de operación vinculada destaca que Caja de Castilla-La Mancha avalase nueve pagarés emitidos por la concursada por importe de 5.000.000 euros cada uno, a favor de la «UTE Aeropuerto de Ciudad Real» (es decir, un socio avala a la sociedad frente a otro socio, en cuyo capital también tiene participación la avalista).

Para garantizar dicho aval se constituyó una hipoteca de máximo a favor de Caja de Castilla-La Mancha sobre la finca registral única Nº 84.579 (1.059 Ha., 90 A. y 98 Ca.), mediante escritura otorgada ante la Notaria de Ciudad Real, María Luisa García de Blas Valentín Fuentes, con fecha 2 de diciembre de 2.008 y Nº 4.487 de su protocolo, lo que supone para dicho inmueble carga real por un principal total de 45.000.000 euros, más 9.000.000 euros en concepto de los intereses generados por los avales y otros 9.000.000 euros en concepto de costas y gastos de ejecución.

7) La firma de ingeniería Gerens Management Group S.A. (Gerens Hill), que se encargó de dirigir las actividades de construcción y de elaborar proyectos técnicos, es una sociedad participada por Caja de Castilla-La Mancha.

8) La firma de asesoría urbanística Equipo Redactor Malt S.L., que se ha encargado y se encarga del asesoramiento técnico y jurídico en materia de urbanismo, es una sociedad participada por Caja de Castilla-La Mancha.

9) Watsegur S.A., compañía de seguridad que ha suministrado equipos y cámaras de seguridad, es una sociedad del Grupo Isolux Corsán S.A.

10) Actualmente el mantenimiento de la pista de aterrizaje y del campo de vuelos, tanto correctivo como preventivo, está contratado con el socio Construcciones León Triviño S.A.

11) La concursada se subrogó en los contratos de trabajo que las dos letradas de la sociedad y dos técnicos de administración mantenían desde hacía varios años con una empresa denominada Global Consulting Partners S.L. en la que son o han sido socios destacados la familia Barco, Domingo Díaz de Mera Lozano y la familia Sanahuja. De dichos trabajadores, la responsable de la Asesoría Jurídica, Ana Isabel Valiente, ya venía encargándose de ciertas labores jurídicas internas de CR Aeropuertos desde antes de producirse dicha subrogación.

12) Se otorgó un derecho de superficie a la empresa Aerojet Center en cuyo capital participaban el grupo de Domingo Díaz de Mera Lozano, el grupo de Ignacio Barco y el de Serafín González, éste a través de su hijo.

13) La defensa de la concursada en un gran número de litigios civiles se encargó al despacho de abogados Bufete de Abogados DM S.L., en el que es socio destacado Antonio Díaz de Mera Lozano.

14) La defensa de la concursada en un gran número de litigios contencioso-administrativos se encargó a la letrada María Esperanza Obejo Escudero, la cual es sobrina del socio y anterior consejero delegado de la concursada, José Pedro Cano Martínez, que fue quien suscribió con ella el contrato de arrendamiento de servicios profesionales.

15) Aunque no se trata de una operación concertada con la concursada, debe reseñarse también que Construcciones León Triviño S.A. y Grupo Isolux Corsán S.A. constituyeron una Unión Temporal de Empresas que construyó para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el vial que va desde la autovía A-43 hasta los terrenos del aeropuerto.