Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha denuncia dopúblicamente las graves deficiencias detectadas en la evaluación de impacto ambiental de diversos proyectos en la provincia de Ciudad Real que suponen un claro incumplimiento por parte de la Junta de Comunidades de su propia legislación en materia ambiental.
«Nuestra asociación tiene constancia de diversas irregularidades en el procedimiento de evaluación ambiental, que consisten por ejemplo en evaluar por separado proyectos idénticos que se realizan en una misma zona y con un mismo promotor, con el fin de eludir una evaluación ambiental seria y ocultar de paso los importantes impactos ambientales que se generan, vulnerando de forma deliberada la normativa estatal y autonómica en materia de evaluación de impacto ambiental».
Lo ocurrido con las termosolares Helios I y II en Arenas de San Juan y Puerto Lápice, «en las que no se han evaluado alternativas de ubicación ni se han evaluado adecuadamente los graves impactos ambientales que se producirán, con el esperpéntico arranque de encinas centenarias para replantarlas a apenas unos cientos de metros de donde se arrancaron, es un claro ejemplo de la chapuza en que se ha convertido la evaluación de impacto ambiental en nuestra provincia».
En otras ocasiones, las declaraciones de impacto ambiental omiten la existencia de alegaciones de EA-CR respecto a ciertos proyectos, incumpliendo así lo establecido en la legislación de impacto ambiental que exige que se haga referencia a las alegaciones, «quizás con la intención de ocultar las propuestas de mejora de las asociaciones ciudadanas a aquellos proyectos que demandan un mayor control de las autoridades ambientales autonómicas. La planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición RCDs en Tomelloso es un ejemplo reciente».
En Ciudad Real es especialmente notorio el caso de los vallados cinegéticos, «que se autorizan de forma sistemática sin que se evalúen adecuadamente ni su necesidad real ni su impacto ambiental. La propuesta de declaración de impacto a la que ha tenido acceso EA-CR sobre vallados cinegéticos en el término municipal de Argamasilla de Alba es indicativa de la pésima evaluación ambiental realizada y un claro ejemplo de cómo la administración ambiental está al servicio de los intereses de determinados banqueros y terratenientes que parecen haberse convertido en los amos de nuestra provincia y de nuestra administración, al parcelar nuestros campos con sus vallas cortando caminos públicos y vías pecuarias sin que la administración regional haga nada para evitarlo».
Ecologistas en Acción considera que la evaluación de impacto ambiental en nuestra provincia «ha pasado a ser un simple paripé para dar apariencia formal de cumplimiento de un procedimiento administrativo para unos proyectos cuya aprobación ya está decidida de antemano, sin que sirva realmente para la función que prevé la Ley, es decir, evitar o reducir los efectos ambientales negativos de los proyectos que deban ser evaluados. De esta manera se boicotea la participación pública para despejar el terreno y ponérselo más fácil a los promotores».
